| En días pasados fueron detenidos en posesión de dos camionetas entregadas como parte del pago de un rescate.
Uno de ellos fue identificado como exempleado de la víctima.
Morelia, Michoacán, a 9 de abril de 2020.-La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), obtuvo de un Juez de Control, vinculación a proceso en contra de Ricardo B., y Julio José G., por su posible relación en el secuestro de un empresario; ilícito perpetrado el pasado 31 de marzo, en el municipio de Tacámbaro.
Derivado de actos de investigación llevados a cabo por la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), se lograron obtener datos de prueba de la posible participación de los imputados en el secuestro de un empresario de Tacámbaro, luego de que el día en cita, hombres armados arribaran a su domicilio para obligarlo a subir a una camioneta color rojo en la que huyeron del lugar.
Posteriormente, los plagiarios establecieron contacto con los familiares del empresario, a quienes exigieron el pago de una fuerte cantidad de dinero en efectivo, a cambio de su libertad, logrando pactar un pago que fue realizado el pasado 2 de abril, en el cual se acordó entregar una parte de lo solicitado y tres camionetas de las marcas Honda, Mitsubishi y Toyota.
Una vez realizada la entrega, los consanguíneos no obtuvieron más información del agraviado, por lo que la UECS realizó tareas de inteligencia e investigación de campo que permitieron la detención de Ricardo B., y Julio José G., en posesión de dos de las unidades, en el municipio de Uruapan; ambos fueron identificados como las personas que acudieron al cobro del rescate, el primero en mención había sido empleado de la víctima, de quien hasta este momento se desconoce su paradero.
Por lo anterior y al recabar suficientes datos de prueba, el Ministerio Público de la UECS solicitó ante un Juez orden de aprehensión, la cual ya fue cumplimentada.
Ricardo B., y Julio José G., fueron presentados ante un Juez de Control, el cual, al conocer y valorar cada uno de los datos de prueba aportados por la Fiscalía, resolvió su vinculación a proceso, fijó prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.
La FGE refrenda su compromiso de llevar ante los tribunales a toda persona que, con sus actos, atente contra la libertad de las y los michoacanos; no habrá impunidad.
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