*Hay que consolidar una política social que efectivamente contribuya a acabar con las desigualdades: Gloria Tapia*
-Destacó la urgencia de salir del asistencialismo estableciendo de manera estructural condiciones sostenibles de desarrollo en cada una de las regiones.
En Michoacán como en México es necesario consolidar una política social que efectivamente contribuya a acabar con las desigualdades en el territorio, ya que los indicadores muestran que éstas continúan profundizándose entre regiones y municipios, apuntó la diputada Gloria Tapia Reyes, presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
La también vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, destacó la urgencia de salir del asistencialismo estableciendo de manera estructural condiciones sostenibles de desarrollo en cada una de las regiones.
“Sin duda el potenciar el desarrollo resulta un problema complejo por la interrelación de diversas variables, desde la microeconomía a la macroeconomía, desde el entorno de una familia hasta la formación de competencias de sus integrantes”.
La diputada por el distrito de Zitácuaro recordó que la pobreza, particularmente la multidimensional extrema, es producto de rezagos en el ámbito educativo y de salud, así como de las condiciones precarias del entorno en las que sobreviven muchas michoacanas y michoacanos.
“El Fondo de Población de las Naciones Unidas alerta que la desigualdad económica refuerza y se ve reforzada por otras desigualdades, incluidas aquellas en el ámbito de la salud de la mujer, en donde sólo unas cuantas privilegiadas pueden controlar su fecundidad y, en consecuencia, pueden desarrollar habilidades, integrarse a la fuerza laboral remunerada y adquirir poder económico”.
Gloria Tapia subrayó que asegurarse de que todas las personas tengan igual acceso a los alimentos, la salud, y la educación no solo es un imperativo moral; se trata de derechos humanos, por lo que debemos tener siempre presente que las personas tienen el derecho legal de exigirlos, y los garantes deben cumplir.
